30 julho 2009
Declaração da Asociación de Jueces por la Democracia das Honduras sobre o golpe militar
La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),
ante la grave crisis política sobrevenida como consecuencia del golpe de estado del 28 de junio del año en curso, se pronuncia ante los jueces y magistrados y la sociedad en general en los términos siguientes:
PRIMERO: Después de 30 días de haberse producido el golpe de Estado, vemos con
profunda preocupación la situación de ilegalidad y de resquebrajamiento de todas las
instituciones que con muchas debilidades sostenían precariamente nuestros esfuerzos
por fortalecer el Estado de Derecho. Esta situación nos exhibe hoy ante el mundo como
el único país de la comunidad internacional que atenta contra la democracia haciendo
resurgir la amenaza de los golpes de Estado.
SEGUNDO: Resulta inaudito que, ante la condena de organismos internacionales como
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), los cuales han exigido en sus resoluciones el restablecimiento del orden
constitucional en nuestro país, el gobierno de facto se resista de forma irracional e ilegal a cumplir con estas resoluciones, y por el contrario haga esfuerzos desesperados e inútiles por legitimarse en el poder. Al tiempo que realizan todo tipo de maniobras por dilatar y entorpecer el proceso de dialogo desarrollado en Costa Rica, con la mediación del Presidente Oscar Arias, en particular, resulta inaceptable la manifiesta falta de voluntad para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de San José, esgrimiendo argumentos que jurídicamente son incongruentes respecto a la negativa de la clase política para la legítima restitución de Manuel Zelaya Rosales, como presidente Constitucional de la República, pues a todas luces no hay sustento jurídicoconstitucional para sostener que lo que se ha producido es una sucesión constitucional, por el contrario, para los organismos internacionales, a los que se han sumado la Unión Europea, El Movimiento de los Países No Alineados y mas recientemente El Grupo de Río, lo que aconteció en Honduras es un rompimiento del orden constitucional, lo cual es atribuible a los responsables el golpe de Estado del 28 de junio.
TERCERO: Las graves violaciones a los derechos fundamentales denunciadas por
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales (CIPRODEH,
COFADEH, CPTRT, CODEH) y las misiones internacionales de las organizaciones
guatemaltecas de derechos humanos, y la Misión Internacional de Derechos Humanos
compuesta por profesionales independientes de América Latina y de España, Bélgica,
Austria y Suecia, han constatado y expresado en sus informes que en Honduras, como
consecuencia del golpe de Estado, se han producido centenares de detenciones
ilegales, la muerte de al menos cuatro ciudadanos hondureños, y la restricción reiterada de los derechos a la libertad de locomoción, de reunión y de asociación mediante los toques de queda, que en la zona oriental fronteriza con Nicaragua se han excedido por mas de setenta y dos horas continuas, y la situación de cerco y de intimidación a los miles de compatriotas que se movilizan en estos días en apoyo a las acciones de resistencia pacifica, así como la violación constante a la libertad de expresión y al derecho de Información de la ciudadanía. Los anteriores son hechos bastantes y suficientes para constatar el carácter represivo de quienes hoy usurpan el poder del Estado, y las consecuencias que ha tenido que pagar el pueblo hondureño por resistir con valentía y exigir el restablecimiento del orden constitucional.
CUARTO: Ante una situación como la descrita, y en la que las instituciones han sido
instrumentalizadas en contra de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho,
sin duda que al Poder Judicial le está encomendado como parte de su misión, actuar de
manera independiente, y en el marco de la separación de poderes, sustentar una
posición a favor del restablecimiento del orden constitucional, replanteándose de esta forma las posiciones sostenidas en días recientes. En este plano, la Corte Suprema de Justicia, puede actuar en una doble perspectiva: por un lado, manifestando su apoyo al Acuerdo de San José en todos sus puntos, y por otro, dando curso o sustanciación a todas las acciones de amparo y de inconstitucionalidad que han presentado varias organizaciones y ciudadanos(as), en procura de que el Poder Judicial al resolver estos recursos pudiera jurisdiccionalmente hacer un control efectivo de las violaciones a la Constitución y con ello restablecer la situación de ilegalidad en que actualmente nos encontramos.
QUINTO: No obstante, este colapso de la institucionalidad democrática, seguramente
será revertido por la ciudadanía que se ha movilizado en resistencia, sin embargo, de
cara al juicio de la historia, nuestro colectivo de jueces y juezas, reitera que espera del Poder Judicial, y en particular de la Corte Suprema de Justicia, que cumpla con la función de garantía de los derechos fundamentales y de límite de los otros poderes del Estado, realizando un ejercicio jurisdiccional que permita junto a otros actores el retorno del orden constitucional en aras de la salvaguarda de nuestro menguado Estado de Derecho.
San Pedro Sula, 28 de julio de 2009
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
ante la grave crisis política sobrevenida como consecuencia del golpe de estado del 28 de junio del año en curso, se pronuncia ante los jueces y magistrados y la sociedad en general en los términos siguientes:
PRIMERO: Después de 30 días de haberse producido el golpe de Estado, vemos con
profunda preocupación la situación de ilegalidad y de resquebrajamiento de todas las
instituciones que con muchas debilidades sostenían precariamente nuestros esfuerzos
por fortalecer el Estado de Derecho. Esta situación nos exhibe hoy ante el mundo como
el único país de la comunidad internacional que atenta contra la democracia haciendo
resurgir la amenaza de los golpes de Estado.
SEGUNDO: Resulta inaudito que, ante la condena de organismos internacionales como
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), los cuales han exigido en sus resoluciones el restablecimiento del orden
constitucional en nuestro país, el gobierno de facto se resista de forma irracional e ilegal a cumplir con estas resoluciones, y por el contrario haga esfuerzos desesperados e inútiles por legitimarse en el poder. Al tiempo que realizan todo tipo de maniobras por dilatar y entorpecer el proceso de dialogo desarrollado en Costa Rica, con la mediación del Presidente Oscar Arias, en particular, resulta inaceptable la manifiesta falta de voluntad para cumplir con lo establecido en el Acuerdo de San José, esgrimiendo argumentos que jurídicamente son incongruentes respecto a la negativa de la clase política para la legítima restitución de Manuel Zelaya Rosales, como presidente Constitucional de la República, pues a todas luces no hay sustento jurídicoconstitucional para sostener que lo que se ha producido es una sucesión constitucional, por el contrario, para los organismos internacionales, a los que se han sumado la Unión Europea, El Movimiento de los Países No Alineados y mas recientemente El Grupo de Río, lo que aconteció en Honduras es un rompimiento del orden constitucional, lo cual es atribuible a los responsables el golpe de Estado del 28 de junio.
TERCERO: Las graves violaciones a los derechos fundamentales denunciadas por
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales (CIPRODEH,
COFADEH, CPTRT, CODEH) y las misiones internacionales de las organizaciones
guatemaltecas de derechos humanos, y la Misión Internacional de Derechos Humanos
compuesta por profesionales independientes de América Latina y de España, Bélgica,
Austria y Suecia, han constatado y expresado en sus informes que en Honduras, como
consecuencia del golpe de Estado, se han producido centenares de detenciones
ilegales, la muerte de al menos cuatro ciudadanos hondureños, y la restricción reiterada de los derechos a la libertad de locomoción, de reunión y de asociación mediante los toques de queda, que en la zona oriental fronteriza con Nicaragua se han excedido por mas de setenta y dos horas continuas, y la situación de cerco y de intimidación a los miles de compatriotas que se movilizan en estos días en apoyo a las acciones de resistencia pacifica, así como la violación constante a la libertad de expresión y al derecho de Información de la ciudadanía. Los anteriores son hechos bastantes y suficientes para constatar el carácter represivo de quienes hoy usurpan el poder del Estado, y las consecuencias que ha tenido que pagar el pueblo hondureño por resistir con valentía y exigir el restablecimiento del orden constitucional.
CUARTO: Ante una situación como la descrita, y en la que las instituciones han sido
instrumentalizadas en contra de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho,
sin duda que al Poder Judicial le está encomendado como parte de su misión, actuar de
manera independiente, y en el marco de la separación de poderes, sustentar una
posición a favor del restablecimiento del orden constitucional, replanteándose de esta forma las posiciones sostenidas en días recientes. En este plano, la Corte Suprema de Justicia, puede actuar en una doble perspectiva: por un lado, manifestando su apoyo al Acuerdo de San José en todos sus puntos, y por otro, dando curso o sustanciación a todas las acciones de amparo y de inconstitucionalidad que han presentado varias organizaciones y ciudadanos(as), en procura de que el Poder Judicial al resolver estos recursos pudiera jurisdiccionalmente hacer un control efectivo de las violaciones a la Constitución y con ello restablecer la situación de ilegalidad en que actualmente nos encontramos.
QUINTO: No obstante, este colapso de la institucionalidad democrática, seguramente
será revertido por la ciudadanía que se ha movilizado en resistencia, sin embargo, de
cara al juicio de la historia, nuestro colectivo de jueces y juezas, reitera que espera del Poder Judicial, y en particular de la Corte Suprema de Justicia, que cumpla con la función de garantía de los derechos fundamentales y de límite de los otros poderes del Estado, realizando un ejercicio jurisdiccional que permita junto a otros actores el retorno del orden constitucional en aras de la salvaguarda de nuestro menguado Estado de Derecho.
San Pedro Sula, 28 de julio de 2009
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
